El Gobierno rechaza compensar a Audasa la caída de tráfico en la AP-9 por el COVID

El Gobierno central ha denegado la solicitud de compensaciones presentada por Audasa, la concesionaria de la AP-9, por el descenso de ingresos derivado de la caída de tráfico por las restricciones de movilidad impuestas durante el estado de alarma decretado al inicio de la pandemia. La empresa tramitó su reclamación el 30 de octubre de 2020 ante el Ministerio de Transportes cuando al frente estaba José Luis Ábalos y demandaba el restablecimiento del equilibrio financiero tras el impacto que en sus cuentas habían ocasionado las continuas limitaciones a los desplazamientos de la población, sobre todo durante el confinamiento.

Pero las pretensiones de Audasa han fracasado. El Ministerio de Transportes, ahora dirigido por Raquel Sánchez, ha confirmado que ha rechazado la solicitud de indemnizaciones. No habrá, por tanto, compensaciones económicas ni de otro tipo por parte del Estado para paliar la caída de los ingresos que la empresa percibe por el peaje que cobra a los usuarios de la autopista.

No obstante, a la concesionaria aún le queda un último cartucho, puesto que el ministerio ha remitido las discrepancias con la empresa al Consejo de Estado para que este emita un dictamen y confirme (o rectifique) que no existe responsabilidad patrimonial por parte del Estado en el desequilibrio de las cuentas de Autopistas del Atlántico.

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Fue el Gobierno central el que abrió la puerta, con un real decreto de julio 2020, a que se pudiera indemnizar a las empresas concesionarias de infraestructuras y servicios públicos por la reducción de la movilidad derivada de la crisis sanitaria y así paliar la caída de ingresos en unos casos por recaudar peajes inferiores al circular menos vehículos y en otros, porque se cobra un canon anual a las respectivas administraciones en función de la intensidad del tráfico que también se ha visto recortado en su cuantía.

Esta vía del decreto fue la que utilizó Audasa, al igual que otras concesionarias que operan en Galicia con autovías de titularidad autonómica, para intentar cuadrar sus cuentas, si bien ni el Gobierno ni Autopistas del Atlántico revelaron el importe de la compensación que esperaba recibir de las arcas públicas.

Según las cuentas de la concesionaria remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el primer semestre de 2020 registró una caída de la circulación de casi el 36% y los ingresos por peajes fueron 46,7 millones de euros frente a los 71,4 de enero a junio del 2019, entonces sin ningún tipo de restricciones a la movilidad, por lo que en caja entraron casi 25 millones de euros menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

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En un informe adicional de auditoría remitido a la CNMV en enero del pasado año, la empresa justificaba la solicitud de restablecimiento del equilibrio financiero ante el Ministerio de Transportes en la aparición de circunstancias “imprevisibles y extraordinarias” derivadas de la pandemia del coronavirus que “han imposibilitado la ejecución del contrato de concesión en los términos previstos”.

A pesar de las condiciones impuestas por las restricciones a la movilidad, la sociedad aseguraba que tuvo que seguir manteniendo su actividad al tratarse de una infraestructura que considera “crítica para el transporte”. La concesionaria recordaba además que la finalización del contrato de concesión sigue siendo el año 2048, aunque dejaba la posibilidad abierta para que este plazo de tiempo fuera ampliado excepcionalmente como consecuencia de la solicitud realizada al Ejecutivo.

Y un año y medio después de presentar la solicitud de compensaciones, el Ministerio de Transporte ha denegado la posibilidad de pagarle una indemnización.

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Este mismo camino y con igual resultado también lo recorrieron las concesionarias que en Galicia gestionan vías de alta capacidad. Primero fue la Comisión Galega da Competencia la que elaboró un informe de oficio en el que se mostraba contraria a estas compensaciones, singularmente a la posibilidad de ampliar los plazos de concesión, por considerarlas una alteración de las reglas del mercado y porque resultarían perjudiciales para la competencia, los demás operadores del sector y los usuarios, además de tratarse ya de periodos concesionarios “de muy larga duración”.

Y un mes después, en noviembre de 2020, la Xunta dictaminó que no cabía pagar ninguna indemnización a Autoestradas de Galicia por explotar las autopistas de peaje AG-57 (Puxeiros-Val Miñor) y AG-55 (A Coruña-Carballo) ni a las concesionarias de las autovías de Barbanza, del Salnés, Santiago-Brión y Ourense-Celanova, estas cuatro últimas funcionando con un sistema de peaje a la sombra. Todas ellas reclamaban compensaciones por la pérdida de ingresos con las que garantizar el equilibrio económico, con fórmulas que iban desde la ampliación del periodo concesional a la inyección de fondos o una combinación de ambas vías.

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