El chalet de Vigo en el que vivía un jugador del Celta esquiva la piqueta
El dueño de la vivienda se libra de la demolición porque el Concello le notificó al jugador, que estaba de alquiler, las sanciones
Un pleito urbanístico con un futbolista del Celta como actor inesperado (secundario, pero clave) ha vivido un nuevo episodio judicial. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de fallar en contra del Concello de Vigo y a favor del dueño de un chalet contra el que pendía una orden de demolición.
El caso lo planteó ya en 2016 el propietario de una vivienda en la que se hicieron ciertas reformas que el Concello declaró ilegales. En 2017 ganó un primer juicio porque se consideró que las pertinentes notificaciones no se habían hecho en tiempo y forma. Y es en ese momento en el que el excéltico entra en escena.
El jugador, que aparece sin identificar en el fallo, figura en un expediente como el inquilino que en febrero de 2015 recibió la notificación del Concello en la que se detallaban las infracciones. Sin embargo, su DNI no coincide con el que aparece en la página anterior. Ese factor, sumado a otras deficiencias formales, derivó en que la sentencia considerase errónea la notificación y, por tanto, se anulase la obligación de legalizar las obras o proceder a su derribo.
Pérgola y porches
A raíz de ese primer fallo, el Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo emitió una segunda resolución, en la que estimaba parcialmente el recurso del propietario, en relación a la construcción de un garaje. En cambio, seguía considerando fuera de la legalidad el cierre de un porche, la instalación de una pérgola y la construcción de un segundo porche.
El demandante argumentó que este segundo expediente elaborado por la administración también estaba caducado. El titular de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo, en un fallo de verano de 2023, le volvió a dar la razón en un fallo en el que también se le impusieron 400 euros de costas al Concello.
La nueva sentencia del TSXG, del 5 de marzo y contra la que aún cabe recurso de casación, ratifica los argumentos del juez de primera instancia e impone 1.000 euros en costas a la administracón local viguesa.
"Los intentos de notificación no fueron válidos, de una forma muy evidente, atendidas las especiales circunstancias más arriba expuestas (ni en el lugar de su domicilio; ni consta su identidad; el DNI del que se supone es el inquilino, distinto del que figura en el folio anterior; nuevo intento en un domicilio diferente que nada tiene que ver en el expediente; y todo ello cuando el domicilio constaba, así como su teléfono y su correo electrónico). A partir de lo expuesto, y de las fechas señaladas, ha de compartirse que el procedimiento estaba caducado y que el recurso de apelación ha de ser desestimado", de acuerdo con los magistrados.
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